“Todavía estoy aquí”, la multipremiada película del director Walter Salles protagonizada por Fernanda Torres, que también se llevó el Globo de Oro a la mejor actriz a principios de enero, fue nominada el jueves al Oscar a la mejor película. Es la primera vez que una película brasileña recibe esta nominación. En la prestigiosa ceremonia, que se celebrará en Los Ángeles el 2 de marzo, “Todavía estoy aquí” competirá también en las categorías de mejor película de lengua extranjera y mejor actriz protagonista. Pero más allá del Oscar, esta película, que se estrenó en los cines brasileños en noviembre, se ha convertido en pocos meses en el símbolo de todo un país y de su lucha por no borrar la memoria de uno de los capítulos más trágicos de su pasado.
La película cuenta la historia real del ex diputado federal Rubens Paiva, asesinado por la dictadura militar hace 54 años, el 20 de enero de 1971, en uno de los centros de tortura de la dictadura militar, el Centro de Operaciones de Defensa Interna (DOI) de Río de Janeiro. Ironías del destino, la nominación al Oscar de la película a él dedicada se produjo tres días después del aniversario de su muerte. Su cuerpo nunca fue devuelto a su familia y ningún militar fue detenido por este asesinato. Rubens, ingeniero de profesión, había sido elegido diputado federal del Partido Laborista Brasileño (PTB) en 1962. Tras el golpe de Estado de 1964, fue destituido y se autoexilió. A su regreso a Brasil, retomó la ingeniería y el comercio, pero mantuvo el contacto con los exiliados. En 1971, la represión del régimen lo detuvo por su relación con el militar desertor y guerrillero brasileño Carlos Lamarca, uno de los comandantes de la Vanguardia Popular Revolucionaria.
La película está basada en el libro escrito en 2015 por su hijo, Marcelo Rubens Paiva, un niño en el momento de la desaparición de su padre a manos de la dictadura. “La literatura es el testimonio de los vencidos. Y somos nosotros, los perdedores de los años 70, los que contamos nuestra versión de los hechos mientras los jóvenes intentan descubrir la historia del país a través de un libro como éste”, ha dicho estos días Marcelo Rubens Paiva. La protagonista, tanto de la novela como de la película, es la madre de Marcelo, Eunice, interpretada por Fernanda Torres. Abogada, luchó denodadamente por averiguar la verdad sobre el final de la vida de su marido y se convirtió en un símbolo de la resistencia al régimen. También acabó en prisión durante 12 días. Falleció en 2018 a los 86 años.
Para Vera Paiva, la otra hija de la pareja, que ahora es profesora en la Universidad de San Pablo, el éxito de la película es “una reparación por muchos momentos que vivimos junto a miles de familias brasileñas”. Vera también ha tenido duras palabras contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, al que ha calificado de “mediocre”, recordando que cuando era diputado en 2014 escupió sobre el busto de su padre en el Congreso Nacional el día de su inauguración. “Esta candidatura es un homenaje a todas las miles de familias que han visto a sus seres queridos perseguidos, torturados, asesinados y, sobre todo, a aquellos que no han tenido la oportunidad, como la nuestra, de enterrar sus cuerpos”, dijo Vera Paiva.
La historia de su padre fue una de las más dramáticas de la dictadura militar, instaurada en Brasil por un golpe militar, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1964. Todo comenzó en forma de una rebelión militar seguida de la declaración de vacancia de la presidencia de la República por el Congreso Nacional el 2 de abril, la formación de una junta militar (el llamado Comando Supremo de la Revolución) y el exilio el 4 de abril del presidente João Goulart. En su lugar, el Presidente de la Cámara de Diputados, Ranieri Mazzilli, asumió temporalmente el poder hasta la elección por el Congreso del General Humberto de Alencar Castelo Branco, uno de los principales cabecillas del golpe.
A pesar de las promesas iniciales de una breve intervención, la dictadura militar de inspiración nacionalista y anticomunista duró 21 años. Fue un largo tiempo en el que el régimen se fortaleció mediante la publicación de varios actos institucionales, que culminaron con la Ley Institucional Número Cinco (AI-5) de 1968, que dio carta blanca a los militares para perseguir a todos los opositores al régimen. La Constitución de 1946 también fue sustituida en 1967 por un nuevo texto, junto con la disolución del Congreso Nacional, la supresión de las libertades civiles y la creación de un código de procedimiento penal militar. Este permitía al ejército y a la policía militar de Brasil detener y encarcelar a cualquier persona que considerasen sospechosa, además de imposibilitar cualquier control judicial. La década de 1970 representó el período más trágico del país, con la censura generalizada de los medios de comunicación y la práctica de la tortura y el exilio. Incluso artistas famosos como Gilberto Gil, Toquinho, Chico Buarque y Caetano Veloso se vieron obligados a dejar Brasil. El régimen militar inspiró a otras dictaduras latinoamericanas mediante la sistematización de la “doctrina de la seguridad nacional”, que justificaba las acciones militares como forma de proteger el “interés de la seguridad nacional” en tiempos de crisis.
Además de sacudir las conciencias de quienes vivieron aquel trágico y oscuro momento de la historia brasileña y educar a las nuevas generaciones sobre la importancia de la memoria, la película también sirvió para agitar el debate sobre la justicia reparadora para las víctimas de la dictadura. En las mismas horas en que la película era nominada al Oscar, la familia de Rubens Pavia recibía el nuevo certificado de defunción del diputado, en el que por primera vez se indica el motivo. La causa de la muerte, reza el documento, “fue innatural, violenta, provocada por el Estado brasileño en el contexto de la persecución sistemática de la población identificada como disidente del régimen dictatorial instaurado en 1964”. El nuevo certificado cumple una resolución del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). El año pasado, el CNJ decidió, como parte de un proceso más amplio de reparación a las víctimas del régimen militar, que el Estado brasileño debía rectificar sus certificados de defunción o emitirlos en el caso de los desaparecidos, cuyos cuerpos nunca han sido localizados. La rectificación forma parte del trabajo de la Comisión Nacional de la Verdad, que pretende corregir los certificados de defunción de 202 personas asesinadas durante la dictadura y hacer públicos los documentos de los 232 desaparecidos, para un total de 434 víctimas reconocidas.
La Comisión Nacional de la Verdad fue creada en 2011, extinguida en 2014 e integrada por comisiones estatales, asociaciones de derechos humanos y familiares de víctimas. Según sus datos, durante el régimen militar hubo 434 víctimas y desaparecidos. Entre los torturados estaba también la ex presidenta de la república Dilma Rousseff. En la década de 1980, al igual que en otros regímenes militares de la región, la dictadura brasileña comenzó a tambalearse al no poder seguir estimulando la economía y controlar la inflación, que llegó al 231% cuando los generales dejaron el poder. De ahí el nacimiento de un movimiento prodemocrático y la aprobación de una ley de amnistía para los delitos políticos cometidos por y contra el régimen, hasta las primeras elecciones democráticas de 1985, con candidatos civiles y militares. Después, en 1988, la nueva Constitución abrió definitivamente la puerta a la democracia.
Lamentablemente, hasta ahora, a pesar de la instalación de una Comisión de la Verdad en el gobierno de Dilma Rousseff que escuchó a víctimas, testigos e incluso a algunos de los autores de la represión e identificó a 377 responsables, ninguno de ellos ha sido condenado. Ante la Comisión, las Fuerzas Armadas brasileñas negaron incluso que hubiera habido torturas y asesinatos. El caso de Rubens Paiva tampoco ha recibido hasta ahora justicia en los tribunales. En 2014, el Ministerio Público Federal (MPF) acusó de su asesinato a cinco militares ya retirados: José Antônio Nogueira Belham, Jacy Ochsendorf e Souza, Rubens Paim Sampaio, Jurandyr Ochsendorf e Souza y Raymundo Ronaldo Campos. Sin embargo, el caso está ahora atascado en el Supremo Tribunal Federal (STF). En noviembre pasado, el juez encargado Alexandre de Moraes envió la documentación a la Fiscalía General de la República, de la que no ha recibido respuesta hasta la fecha. El caso había llegado al STF en 2021, tras una apelación del Ministerio Público Federal contra la decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ), que había suspendido el juicio.
Muchos se preguntan si ahora, en la ola del éxito de la película, se podrá hacer justicia en los tribunales brasileños no sólo para Paiva, sino para todas las víctimas de la dictadura. Ciertamente, la popularidad de esta historia está sacudiendo a la sociedad brasileña. Por ejemplo, el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional (IPHAN) se ha comprometido a añadir en los próximos meses a su lista de monumentos el DOI de Río de Janeiro, donde durante los años de la dictadura cientos de personas fueron encarceladas, torturadas y en muchos casos asesinadas, entre ellas el propio Rubens Paiva. Además, el libro de su hijo Marcelo se distribuirá gratuitamente en las escuelas públicas de los estados de Piauí y Bahía, en el nordeste de Brasil, como incentivo para que los jóvenes conozcan la historia reciente del país con el objetivo de que no vuelva a repetirse. Muchos hijos o nietos de víctimas del régimen militar han iniciado también una especie de “corriente de la memoria” en TikTok en la que han publicado fotos de sus familiares víctimas de la dictadura militar, demostrando así que Brasil ya está preparado para que se haga justicia.
Las comunidades indígenas también han empezado a hacer oír su voz. Entre las investigaciones que la Comisión de la Verdad sobre la dictadura ha dado a conocer a la opinión pública se encuentra la olvidada masacre del pueblo indígena Waimiri-Atroari de la Amazonía. Entre los años 60 y 70, casi 2.000 personas fueron asesinadas mientras se construía la carretera amazónica BR-174 (Manaus-Boa Vista) para el régimen militar que había hecho de la Amazonía uno de los buques insignia de su agenda. El informe final de la Comisión de la Verdad estima que más de 8.000 indígenas fueron asesinados durante el gobierno militar, hasta el punto de que una de las recomendaciones fue la creación de una Comisión Indígena de la Verdad, que hasta ahora nunca nunca vio la luz. “La situación para nosotros sigue siendo grave, tanto que aún hoy seguimos siendo víctimas de invasiones, explotación y saqueo de nuestros territorios, básicamente de forma legalizada por el Congreso Nacional, que hoy está ocupado por descendientes, familiares e incluso personas que trabajaron en la dictadura contra la sociedad brasileña, y en particular contra nosotros”, afirmó Paulino Montejo, asesor político de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) en un acto sobre “Justicia transicional, reparación y no repetición de los crímenes cometidos por la dictadura contra los pueblos indígenas”. Para Braulina Baniwa, de la Articulación Nacional de Mujeres Indígenas, “del mismo modo que hablamos de educación, salud y demarcación de tierras, es necesario que seamos nosotros los que discutamos sobre memoria y justicia. De lo contrario, siempre serán otros los que hablen por nosotros. Hablar de este capítulo de nuestra historia significa pensar en un futuro sin dolor para nuestros hijos”, afirmó. En resumen, el premio Oscar podría consagrar no sólo una película y sus actores, sino dar una nueva voz a quienes hasta ahora no han recibido justicia de la historia.